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Marruecos: la ley sobre las libertades individuales impide la reforma del código penal
Martes 25 de febrero de 2020, por
El debate sobre las reformas del código penal difícilmente avanza porque los partidos de la mayoría gubernamental no llegan a ponerse de acuerdo. Los dos puntos de discordia son las libertades de los adultos en los espacios privados, y el recurso a la IVG para casos bien determinados.
Desde hace más de cuatro años, los dirigentes de la mayoría gubernamental no llegan a ponerse de acuerdo sobre el proyecto de ley relacionado con la reforma del código penal. Y las partes, por lo visto, están lejos de llegar a un acuerdo, ya que el PJD se aferra al texto elaborado por el exministro de la justicia, Mustapha Ramid. Pero su sucesor, Mohamed Benabdelkader está determinado a no apoyar un proyecto en el que no participó y que además no es objeto de una discusión en el seno del actual gobierno.
El PJD mantiene los artículos relacionados con la penalización del enriquecimiento ilegal y el recurso al IVG, para los casos específicos. Por el contrario, l’USFP, así como algunos partidos, exigen una solución respecto de las leyes relacionadas con libertades individuales. Una fuente gubernamental subraya que no es admisible que se restrinja la libertad de los adultos en espacios privados y que estos artículos desfasados, sigan dañando Marruecos en las relaciones que mantiene con la comunidad internacional.
Son precisamente estos artículos que fueron objeto de enmiendas en el proyecto de ley preparado por el exministro de la justicia y libertades, Mustapha Ramid. El actual inquilino del ministerio se niega a admitir que exista un bloqueo en los artículos relacionados con la penalización del enriquecimiento ilegal.
Benabdelkader rechaza la idea de un debate que acabaría por oponer los que luchan contra la corrupción y aquellos que se han llamado opositores. Según el ministro, el gobierno está trabajando para elaborar varias leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción. La hesitación para defender públicamente la abrogación de un artículo que penaliza las relaciones de pleno consentimiento entre adultos, traduce la voluntad de preservar la cohesión en el seno de la mayoría gubernamental.