Lucha contra la corrupción: el INPPLC se aferra a las condenas privativas de libertad

Para la instancia nacional de probidad, prevención y lucha contra la corrupción, la declaración obligatoria del patrimonio “ha demostrado en la práctica, su incapacidad a identificar y seguir la evolución sospechosa del enriquecimiento”. Además, controlar el patrimonio de un funcionario o responsable solo al concluir su cargo, supone un riesgo de no validez del crimen por el que se le investiga.

Por otro lado, el hecho de que sea el Tribunal de cuentas la única instancia a cargo del control, es también una limitación de las competencias de la fiscalía, en materia de recepción de las denuncias en algunos campos. La incautación de los fondos sospechosos obliga a la remisión del asunto del tribunal de cuentas a la fiscalía. Ahora cabe mencionar si esta los va, a su vez, entregar directamente a la justicia o si tiene competencia ahondar en las investigaciones contra funcionarios irresponsables.

También, la INPPLC aboga por la puesta en marcha de un marco jurídico específico, ya que el crimen de que se trata es de naturaleza particular. Piensa implicar otras instituciones capaces de aportar informaciones y que permitan detectar y medir el enriquecimiento ilícito de las personas implicadas. La INPPLC, cita en particular la Conservación de bienes raíces, Oficina de cambios, Dirección general de impuestos, Aduana y bancos.

Además de condenas a pago de multas de 100 000 a 1 millón de DH, aparte del cese del cargo público, la Instancia de probidad recomienda las penas privativas de libertad por crímenes justificados. Todas estas disposiciones permiten disuadir, al hacer más eficaz el combate de la institución contra la corrupción.