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España /inmigración ilegal: debate sobre los 30 millones destinados a Marruecos en el Tribunal supremo
Viernes 24 de julio de 2020, por
La justicia española tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de los 30 millones de euros, que el poder ejecutivo retiró en 2019 de los fondos de previsión de los presupuestos, para financiar parte del despliegue de las autoridades marroquíes al objeto de contener las entradas ilegales en España.
La cuestión que se estudiará en el Tribunal supremo no será la de la ayuda en sí, sino la de la legalidad del acto de recurso a estos fondos desde los presupuestos destinados a las necesidades “urgentes, imprevisibles e inevitables”, como las catástrofes naturales o pandemia del coronavirus.
Los demandantes – Acess Info Europe y Andalucía Acoge – bajo la dirección legal de Gentium, y con el apoyo de Profundo, denuncian una asignación inapropiada de los fondos, así como una falta de transparencia. Las organizaciones indican que la posibilidad de cubrir los gastos con otras modificaciones presupuestarias no está justificada. Rechazan, también, la excepción y urgencia con las que el ministerio del Interior justificó la utilización de estos fondos bajo el paraguas de una pretendida idea de prevención de una “nueva crisis migratoria”.
La concesión de estos fondos a Marruecos era una novedad. Primero, Marruecos nunca ha formado parte de los beneficiarios tradicionales de la ayuda para la cooperación policial internacional, de que se benefician excepcionalmente Senegal y Mauritania. Luego, porque el monto concedido a Marruecos es casi el doble de los presupuestos aprobados para estos puestos de control.
El gobierno transfirió este dinero a Rabat tras el año en el que España se convirtió en la puerta de entrada de la inmigración ilegal en Europa. La ayuda de España a Marruecos, que se estableció a 2,3 millones de euros con un excedente de casi más de dos millones de fondos disponibles, se sumó otra subvención procedente de los fondos europeos de 140 millones de euros.
Estos 30 millones estaban destinados para financiar los gastos de carburante, mantenimiento de los equipos de patrulla, subsidios de manutención y compensación del esfuerzo del reino en la readmisión de estos naturales subsaharianos con el fin de volver a sus países de origen.
Los demandantes subrayan que la utilización y concesión de estos fondos a países terceros en materia de migración deberían no solo ser transparentes, sino que también la ayuda debería estar supeditada al respeto de los derechos humanos.