España: ninguna condena tras la muerte de Marouane en un centro de migrantes

Diez días después del suicidio y tras haber recibido el certificado de fallecimiento, el juez pidió que el Centro le facilitara informes con el fin de asegurarse del respeto del protocolo. Una “situación excepcional” tal como el aislamiento no se puede aplicar durante más de una hora y debe ser controlada permanentemente por las cámaras, señala el juez.

La familia de Marouane recibió difícilmente la noticia de su suicidio, convencida de que el joven hubiera sufrido mucho antes de tomar tal decisión. Solicitó la apertura de una investigación con el fin de que se revelara la verdad sobre la muerte de Marouane y que se hiciera justicia. “La visualización de las cámaras de vigilancia nos permitió apreciar la existencia posible de varios crímenes imputables a los funcionarios públicos: incitación al suicidio, tratamientos degradantes, atentado contra la vida o la integridad moral, denegación de cuidados sanitarios y otros”, señaló el abogado de la familia que, pidió que se investigaran varios agentes de la policía y miembros del equipo sanitario del centro fundamentándose en estas informaciones.

El 14 de julio, un día antes de su fallecimiento, varios detenidos atacaron a Marouane causándole fracturas en el rostro. Unos días antes, ya fue víctima de dos otras agresiones. El hospital le recomendó un descanso sanitario de 2 hasta 3 días debido a la “lesión cerebral traumática” que presentó, así como una control regular. También recomendó su trasladado inmediato a las urgencias en caso de “pérdida de conciencia, confusión o desorientación, tendencia anormal para dormir, dolores de cabeza persistentes, alteración del carácter o comportamientos anormales, pérdida de fuerza o deterioro de la coordinación de uno de los miembros”. Por lo tanto, ninguna de estas recomendaciones fue aplicada por el personal de salud del Centro o por los agentes de policía.

El tribunal estimó que la responsabilidad de los funcionarios no está comprometida porque no fueron informados de que tenían que prestar una atención particular al tratamiento de Marouane. “Ninguna responsabilidad penal está comprometida por omisión del deber de cuidado de salud, prestación de atención incompleta o diagnóstico erróneo. La ley sanciona más bien el rechazo de la asistencia sanitaria”, indicó el juez.

El Centro de Zapadores fue el escenario de múltiples y diversas violaciones de los derechos humanos. En suma, diez personas fallecieron desde la apertura del Centro. Los iniciadores de la campaña CIEs No y Casa Maroc exigen que se deslinden las responsabilidades en la muerte de Marouane y que se cierre todos los centros “porque no son nada más que unas prisiones racistas en las cuales se violan los derechos fundamentales de las personas quienes no cometieron ningún crimen.