Coronavirus: las recomendaciones del Istiqlal para evitar la crisis

En el plan económico, la Alianza señala que numerosos organismos internacionales como OCDE y FMI, han revisado a la baja las perspectivas de crecimiento mundial en el año 2020. Y eso puede ir agravándose con el ritmo de propagación de la epidemia. Una mala noticia para “la economía marroquí, participante de los 20 primeros países directamente afectados por la disminución de la actividad económica en China”, recalcan los economistas del Istiqlal, quienes se basaban en los datos de la CNUCED. Señalan que las cosas irán empeorándose más, especialmente en “los sectores de las exportaciones, el arte, el turismo y los sectores dependientes como los transportes, el comercio, la restauración, los ocios y las agencias de viaje.

Las malas noticias nunca llegan solas, por eso, los efectos climáticos desfavorables y el impacto del coronavirus anuncian una baja de la tasa de crecimiento previsto por el gobierno, en el marco de la ley de finanzas 2020. Los economistas del Istiqlal prevén una “degradación de la situación financiera de muchos operadores económicos, tales que los PME, los TPE, el comercio de proximidad y los artesanos”. Temen también un “riesgo de amplificación de las deficiencias en las empresas y desempleos que pueda ocasionar esta situación”.

Por todas estas consecuencias, el segundo partido de la oposición exhorta el gobierno El Othmani a “adoptar medidas de emergencia y establecer un mecanismo de anticipación y gestión de las consecuencias socioeconómicas de la crisis”. Invita el Ejecutivo a encargarse integralmente de dicha crisis, “para contrarrestar las amenazas, si fuera necesario, aprovechar las oportunidades”.

Paralelamente a la persistencia del virus, la AEI insiste en “la incitación a la conservación de los empleos” mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo a las empresas más afectadas, tales como la exención parcial de las cargas sociales, el aplazamiento de la deuda bancaria, fiscal y social, la promoción del trabajo a distancia y la autorización del trabajo a tiempo parcial para evitar los licenciamientos, y preservar las competencias de las empresas e incluso, “la reducción generalizada de los plazos efectivos de pagamiento”, más particularmente en favor de los PME y TPE.